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El Gobierno ha dado luz verde al despliegue de los primeros 20.000 millones de euros de la línea de avales por 100.000 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a garantizar la liquidez a las empresas del país afectadas por el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Tal y como venían reclamando la banca y las empresas, el Estado ejercerá finalmente como gran avalista para evitar que las entidades financieras cierren el grifo del crédito al tejido productivo en este momento de apuros. El ICO asumirá el 80% del riesgo de impago tanto en los nuevos préstamos como en la renovación de los preexistentes a pymes y autónomos. En el caso de las grandes empresas, ese porcentaje baja al 70% para la nueva financiación y al 60% para las refinanciaciones.

El parón de la actividad económica derivado del confinamiento para tratar de contener la propagación del virus ha obligado a muchas empresas, pymes y autónomos a cerrar la persiana. Sin ingresos entrando en su caja, muchos tendrá serias dificultades para afrontar sus pagos, los más inminentes los de nóminas, facturas, impuestos y posibles créditos a final de este mismo mes. Por eso les urge liquidez que podrán conseguir a través de créditos bancarios en los que el Estado asumirá la mayor parte de los posibles impagos de esos préstamos.